Un gobierno tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Cuando un acto de violencia se realiza de acuerdo con el proceso legal de las leyes de ese gobierno, el resultado es, por definición, legítimo.
Ningún individuo tiene la autoridad para legitimar ningún acto de violencia, a menos que el gobierno lo conceda mediante leyes como la “defensa propia” o cuando actúe como agente del gobierno cuando preste servicios en el ejército o la policía.